Así como el gobierno federal reorganizó la estrategia de lucha contra el crimen organizado y las acciones de prevención buscan afianzar la presencia en los territorios recuperados, de igual manera la delincuencia ha comenzado a mostrar formas de replanteamiento de sus estrategias.

Los casos de Morelos y Chiapas podrían aportar algunos indicios de la forma en que el crimen organizado ha mutado en función de los obstáculos encontrados, además de que en esos dos estados existen nuevas administraciones sin experiencia en materia de seguridad.

De ahí que deban de esperarse algunas acciones adicionales del crimen organizado en cuando menos cinco escenarios diferentes a los existentes en el gobierno de Calderón:

1.- Las nuevas administraciones en zonas calientes del crimen organizado arribaron al poder sin entender la lógica de la criminalidad, sin tener un diagnóstico real de la presencia de las bandas y con improvisaciones en los nombramientos, además de ignorar los estados de ánimo de la sociedad. En Morelos y Chiapas se dieron relevos de gobernador con decisiones ajenas al problema de la inseguridad.

2.- La puesta en marcha de los mandos únicos se decidió en función de las necesidad de aglutinar las fuerzas policiacas y de seguridad en los tres niveles de gobierno --federal, estatal y municipal-- pero también sin tener un diagnóstico del principal problema de seguridad: el sometimiento de las policías estatales y municipales a los intereses del crimen organizado. De ahí que una buena decisión haya estimulado mayores activismos criminales porque la disputa se trasladó de territorios físicos al dominio de los cuerpos policiacos. Los mandos únicos no han resuelto hasta ahora la limpieza urgente de los establos policiacos.

3.- La decisión del nuevo gobierno federal priísta de disminuir la atención mediática a los resultados en persecución y decomisos y de priorizar programas sociales y de gobierno en zonas liberadas para asentar nuevamente la civilidad va a conducir a que el crimen organizado aumente los niveles de violencia como una forma de marcar sus territorios de control. Las zonas ocupadas por el crimen organizado no tenían que ver con el trasiego de droga o el asentamiento de los criminales, sino con las actividades colaterales de las bandas: cobro de derechos e impuestos, venta de protección, manejo de la piratería, secuestros y control de actividades productivas de alta intensidad social-popular.

4.- El posicionamiento del tema de la inseguridad en cuanto a visibilidad de gobierno está conduciendo a una mayor observación crítica del comportamiento judicial en torno a los criminales arrestados y en proceso de enjuiciamiento. A favor del crimen organizado opera el hecho de que las organizaciones de derechos humanos han dedicado mayor atención a la defensa de los derechos de los criminales y no de los núcleos sociales afectados por la actividad de las bandas. Los criminales arrestados cada vez tienen menos espacios judiciales para obtener su liberación pero más en derechos humanos. Por ello van a comenzar los ataques criminales contra los impartidores de justicia.

5.- Y en el mismo contexto, los medios de comunicación han aumentado el seguimiento y la denuncia contra las bandas criminales sin atender las presiones y amenazas de las organizaciones delincuenciales. De ahí que los medios comiencen a ser utilizados como un espacio de acción del crimen organizado para debilitar a los gobiernos que no pueden proteger a la totalidad de los periodistas encargados de informar sobre los asuntos policiacos. Ataques contra los medios abren un frente colateral de acción para el que los gobiernos federal y estatales no estaban preparados. Al atacar a los medios, los narcos voltean a la opinión pública contra los gobiernos.

Los gobiernos estatales y por correlación los municipales están obligados a reorganizar sus capacidades de resistencia y ofensiva contra las bandas de delincuentes, pero a partir de cuando menos tres prioridades: proteger a los sectores sociales más vulnerables en los espacios masivos y selectivos, limpiar las corporaciones policiacas desde abajo y establecer mecanismos propios de capacitación y control de confianza propios y más estrictos que los federales.

Los incidentes con escoltas del procurador y policías estatales en Morelos evidenciaron el error estratégico del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu de tomar decisiones sobre la dirección de la seguridad y no sobre las estructuras; y ahí el problema creció por el hecho de que se esperaba más porque el gobernador fue uno de los principales luchadores contra la corrupción de las corporaciones policiacas durante el breve gobierno del general Jorge Carrillo Olea (1994-1998), cuyas cabezas policiacas y judiciales estaban entonces vinculadas y hasta encabezaban células de delincuentes y la acción de Ramírez Garrido Abreu obligó a Carrillo Olea a solicitar licencia para separarse de su cargo.

En Chiapas el asunto es más complicado porque el nuevo gobernador Manuel Velasco desatendió inclusive desde la campaña el tema de la seguridad y en sus primeras semanas el problema aumentó de intensidad y ha quedado pasmado ante la criminalidad, circunstancia que ha sido aprovechada por la criminalidad para ampliar sus acciones. Y a ello se agrega el hecho de que Chiapas es una de las puertas de entrada de la droga que viene del sur y por donde se colaron hacia Guatemala las células de narcos que establecieron ya un peligroso corredor de organizaciones criminales que han debilitado el escudo mexicano de seguridad nacional en la frontera sur.

Las reacciones del crimen organizado eran obvias ante las decisiones del nuevo gobierno federal, sólo que en los estados fallaron los radares de seguridad.